Se generan serias dudas sobre la voluntad política de alcanzar el 20% de energía final renovable comprometido con Bruselas para 2020.

El Real Decreto Ley 1/2012 deja en suspenso el sistema de incentivos del Régimen Especial lo que supone, en la práctica, la paralización legal del desarrollo de las energías renovables en España. Esta paralización coincide con una reiteración de la apuesta del Gobierno por las energías renovables. La paralización no es retroactiva ni afecta a las plantas que ya han sido inscritas en los registros de pre-asignación. Sin embargo, esta medida tendrá graves consecuencias en un sector que, en los últimos dos años, ha perdido 20.000 empleos. Desde APPA se considera necesaria una revisión del sistema energético, más aún en el actual contexto de crisis económica, pero esta revisión debe ser completa. “El ministro Soria debe preocuparse de las razones que han llevado a que, en un solo año, el precio del mercado eléctrico haya aumentado un 33%, pasando de 45,13 €/MWh en 2010 a 60,09 €/MWh en 2011”, ha argumentado José María González Vélez, presidente de APPA. El recientemente aprobado Plan de Energías Renovables 2011-2020 reconocía de forma oficial los beneficios de estas energías, al estimar en 29.000 millones los beneficios económicos de estas tecnologías, cifra muy superior a los 24.700 millones que costaría su desarrollo, primas incluidas. “Las renovables son parte de la solución a esta crisis y no parte del problema, esta decisión nos aleja de la recuperación económica”, ha comentado González Vélez. Los objetivos marcados para 2010, del 12,1% de energía primaria procedente de energías renovables, no fueron alcanzados y se quedó en el 11,3%. La actual moratoria dificulta sobremanera alcanzar los objetivos marcados para 2020: el 20% de energía final.